Desde diferentes sectores de la sociedad misionera se alerta sobre los peligros de la persistente actividad de caza ilegal en zonas de protección ambiental. Diferentes organizaciones, públicas y privadas, trabajan para prevenir esta actividad que atenta contra el patrimonio natural misionero y contra la integridad de la población en su conjunto.

En este contexto Alto Paraná, empresa del Grupo Arauco, trabaja a diario en la preservación y protección de especies nativas de flora y fauna en sus propios predios. Especialmente en las más de  110.00 hectáreas de monte nativo y áreas de alto valor de conservación que integran su patrimonio en la Provincia de Misiones. Este compromiso con la preservación  ambiental representa una inversión anual del orden de los $16.000.000, abarcando conceptos como: impuestos y tasas, prevención de incendios, vigilancia y protección patrimonial, recuperación y restauración de áreas sensibles y costos operativos. 

La caza furtiva está prohibida y declarada como actividad ilegal por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la fauna. Dicha norma establece diferentes penas según se trate de delitos (como la cacería del yaguareté) o bien infracciones. La Ley exceptúa de esta prohibición a las comunidades originarias, reconociendo su derecho ancestral y cultural.

El Programa de Protección Patrimonial de Alto Paraná, es gestionado por un equipo de 28 profesionales y técnicos de manera estable y 40 brigadistas que se suman en época de alto riesgo de incendios. Este equipo tiene a su cargo la protección del patrimonio en relación a incendios, caza furtiva y apeo ilegal de especies arbóreas.

16 guardabosques, especialmente capacitados, recorren a diario las más de 233.000 hectáreas que la empresa posee en la Provincia realizando controles para evitar incendios, caza y apeo ilegal de especies nativas. Su trabajo es apoyado por 8 radio operadores, y las 17 torres de vigilancia instaladas a lo largo de la Provincia. A su vez, reciben colaboración de los empleados y contratistas que trabajan en campos de la empresa,  así como de los propios vecinos que también son afectados por este tipo de actividades.

Al detectar una situación irregular el equipo en campo despliega dos modalidades de intervención. Al identificar una persona o grupo en actitud sospechosa dentro o en inmediaciones del patrimonio propio (portando armas de caza, o equipamiento para apeo) entablan un dialogo para informar sobre las propiedades de la empresa y las actividades prohibidas por ley, buscando disuadirlos en su intención de cometer una actividad ilegal. En caso de observar personas practicando caza ilegal, la intervención se limita solo a dar aviso a las fuerzas de seguridad sin entablar relación con los cazadores por el riesgo a la integridad física que esto puede generar.

En este sentido, Hernán Patzer, Jefe de Protección Patrimonial de Alto Paraná, destacó que “el equipo de protección patrimonial trabaja junto a los vecinos en continuo vínculo para la prevención y detección temprana de actividades ilegales. También realizamos actividades en escuelas para concientizar a los niños y jóvenes sobre el valor de la conservación ambiental y la protección de especies nativas. Quiero destacar que el personal de Alto Paraná no posee ni realiza tareas con poder de policía, ni porta armamento alguno. En esto, es clave la articulación con las fuerzas de seguridad que son la autoridad competente.”

Según el propio Patzer, “La actividad de los cazadores furtivos se orienta especialmente a zonas donde hay presencia de grandes masas de bosques, ya sean nativos o implantados, dado que allí se observa la mayor cantidad de fauna autóctona. Especies como venados, pecaríes, antas, pumas e incluso el propio yaguareté son las más amenazadas.”  La caza ilegal se realiza con diferentes medios, como ser recorridas y acampe con armas de fuego o por la instalación de trampas. Estas dos modalidades implican no solo una amenaza a la fauna autóctona, sino también a las personas y vecinos que transitan las zonas en cuestión.

Regularmente, se realizan patrullajes conjuntos entre Alto Paraná y las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Ecología, de manera de trabajar articuladamente y sumar esfuerzos en la preservación ambiental. En este sentido, Alto Paraná presta una colaboración total con las autoridades competentes para asegurar la protección de la flora y fauna nativa en sus predios y zonas vecinas.

Al respecto, Victor Zemunich Guardaparque Coordinador de la Zona Norte del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, destacó que “hay tres tipos de caza ilegal en la zona, la cultural, la de subsistencia y la que se practica para venta. Esta última es la más dañina.” Y agregó “Nosotros tenemos un equipo de 23 guardaparques, de los cuales la mitad está operativa porque se alterna el franco. Por esto, es clave la articulación con empresas como Pindó y Alto Paraná que tienen equipos propios en la zona. Si bien nosotros tenemos como prioridad el control y fiscalización en las 121.000 hectáreas de áreas protegidas provinciales, también colaboramos y recibimos apoyo de estas empresas para abarcar la totalidad del territorio.”

Manuel Jaramillo, Coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre Argentina comenta que “la Selva Misionera es un delicado y frágil ecosistema, donde cada especie animal o vegetal tiene una función específica. La caza furtiva, además de disminuir la cantidad de animales, tiene un impacto directo sobre la dinámica de la vegetación ya que muchas plantas potencialmente invasoras son controladas por los herbívoros o son diseminadas a través de las heces de las especies que se alimentan de sus frutos”. Uno de los animales más emblemáticos de Misiones es sin duda el yaguareté, declarado Monumento Natural Provincial y Nacional a través de respectivas leyes. El Yaguareté es una especie paraguas, es decir que si la misma está presente en un área natural muchas de las otras especies de la selva también lo estarán.

Según Jaramillo “a casi  tres  años después de la muerte de Guacurari -el primer yaguareté monitoreado por tecnología GPS en el Parque Provincial Urugua-í-, y  de la muerte de Yasy -una joven cachorra de yaguareté cuyo cuero fue incautado en un operativo realizado por guardaparque provinciales en la zona conocida como las 2000 ha de Puerto Iguazú-, no hay sanciones administrativas o penales para los responsables de estas muertes”. Esta situación destaca que, independientemente del trabajo de control y fiscalización, la Justicia tiene aún pendiente el abordaje de la caza furtiva y la sanción a sus responsables como un tema prioritario que interesa al conjunto de la sociedad.

 El endurecimiento de penas para este tipo de ilícitos, la concientización de la población y la asignación de mayores recursos a las tareas de prevención y control pueden ofrecer alternativas para limitar los impactos negativos de esta actividad que atenta contra el patrimonio natural de todos los misioneros, y de los argentinos en su conjunto.