El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Santa Rosa, junto con el Ministerio Público de Río Grande do Sul, presentó una Acción Civil Ambiental (ACP), solicitando una orden judicial contra el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Compañía de Energía Eléctrica de Brasil (Eletrobras) pidiendo la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento de la central hidroeléctrica binacional Panambí.

El sistema de embalses Garabí-Panambí surgió del Tratado Internacional entre Brasil y Argentina, aprobado por el Decreto Legislativo 82 de 1982 en el país vecino, cuya cuota de inundación previsto (130 metros) dará lugar a la alteración de la zona intangible del Parque Estadual de Turvo, Unidad de Conservación de Protección Integral, similar a la existente en el municipio de San Antonio, Misiones, Argentina.

Además de ser una Unidad de Conservación de Protección Integral, que no puede sufrir ningún cambio ni la intervención humana, el Parque Estatal Turvo es supervisado por el sistema legal de tutelas, impulsado por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, que lo caracteriza como un bien cultural, social y ambiental del Rio Grande do Sul (Ley Estatal Nº 7.213 / 78). 

"El proyecto causará un daño irreversible a la Reserva de la Biosfera del Bosque Atlántico en el Área Prioritaria de Conservación, además de causar daños irreversibles al patrimonio arqueológico y la biodiversidad de la cuenca del río Uruguay, ya que especies en peligro como el dorado y el surubí, no pueden reproducirse en los embalses ", explicó la fiscal de la República Leticia Carapeto Benrdt, autora de la acción judicial, en el escrito. 

La construcción de la central hidroeléctrica afectará a 11 ciudades riograndenses que se encuentran en las orillas del río Uruguay: Romero, el Dr. Mauricio Cardoso, Nueva Machado, Puerto Mauá, Santo Cristo, Tucunduva, Tuparendi, Crissiumal, con punta, Esperanza Sur y Sur Tiradentes, comprometiendo la subsistencia de las comunidades costeras de la región.