POSADAS. El presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, Martín Ayala, al ser consultado sobre el reclamo de los familiares de las víctimas de siniestros viales de endurecer las penas para este tipo de incidentes aseguró que los jueces "pueden dar sanciones mayores a los tres años para que la prisión sea efectiva". Consideró que el reclamo no es exclusivo de este sector sino que debe dirigirse a la justicia en general para que se cumpla con los tiempos procesales.

Tras la consulta Ayala señaló que "el reclamo a la justicia no es exclusivo de los accidentes de tránsito, es el mismo para los delitos de robo, homicidios y otros". Aseguró que cualquier persona que es víctima de un delito pide lo mismo "una justicia rápida", apuntando al sistema judicial por la lentitud en los procesos.

Respecto de la libertad que gozan las personas que participaron de un hecho luctuoso, como los últimos conocidos en la provincia como el ex intendente de Arroyo del Medio, Ayala explicó que "la situación de la excacerlación tiene que ver con lo que se está tratando, la caución el juez la pone para que el acusado se presente cada vez que se lo requiera". Según el abogado "en todos estos casos se trata de personas libres y la prisión es una medida extrema".

Por otra parte, y volviendo al tema de fondo para el colegio de abogados, el presidente de la asociación señaló que "lo que reclaman los ciudadanos es una condena rápida" para todos los casos judiciales. Aseguró que "en nuestro país las leyes están pero no se cumplen" y dió como ejemplo el caso de Ecuador "que en 10 meses se condenó a los autores del asesinato de las dos jóvenes mendocinas".

Para el abogado "los jueces tienen las herramientas para estos casos en los que las personas están alcoholizadas y van a gran velocidad para darle una prisión efectiva", indicando que las penas previstas en el código civil superan los tres años. Por otra parte aseveró qe "es verdad que hay sectores que solicitan un agravamiento de las penas pero esto no es aritmético", en relación a la posibilidad de lograr una mayor cantidad de sentencias efectivas.

Ayala señaló que "hay otros problemas, debemos llegar a los plazos de la ley para que en un año se lleve a juicio cualquier causa". Explicó que el código civil establece seis meses para la etapa de instrucción de cualquier causa y como máximo otros seis, que deben ser extraordinarios para ser elevada a juicio.