Se?alan que el ejecutivo obere?o estigmatiza y criminaliza a ocupantes ilegales de tierras

OBERÁ. Tras el comunicado oficial de la Municipalidad de Oberá por la ocupación ilegal de tierras en el barrio 180 viviendas, la organización internacional TECHO señaló que desde el ejecutivo "discriminan, estigmatizan y criminalizan" a las familias que "viven allí". Además, llaman a discutir con profundidad la búsqueda de soluciones estructurales.


Comunicado TECHO ante la problemática de acceso justo al suelo en Oberá

Frente a la situación del Barrio 180 viviendas, repudiamos las acciones llevadas a cabo por el Municipio de Oberá, ya que discriminan, estigmatizan y criminalizan a las familias que viven allí y no generan una respuesta de fondo a la problemática de acceso a la tierra para las cientos de personas en situación de pobreza. 

Según el Comunicado Municipal Oficial del 18 de septiembre, la primera acción consistió en denunciar a las familias que ocuparon las tierras sin antes constatar en qué situación se encontraban. El municipio contribuye en culpabilizar y en definitiva, de lograr el desalojo de estas familias, sin proponer la búsqueda de una solución, pese a RECONOCER expresamente la “necesidad habitacional real existente en la comunidad”.

Las familias que se encuentran ocupando estas tierras provienen en su mayoría de la lucha que vienen dando los tareferos y otros sectores de la economía informal que trabajan constantemente para mejorar su calidad de vida y para reivindicar su derecho a la tierra. Este colectivo se organiza y agrupa alimentados por un lazo de fuerte solidaridad ante la grave situación que atraviesan y el anhelo de poder gozar de un derecho que les corresponde; por el contrario su estigmatización reproduce y alimenta la desigualdad.

La toma de tierras tiene como origen al DERECHO y la NECESIDAD de acceder a la tierra y a la falta de políticas públicas que promuevan el acceso al suelo urbano para los sectores populares.

La situación de los asentamientos informales es URGENTE y se registran muy pocos avances. Por este motivo es necesario generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos y el crecimiento poblacional de los existentes.  Son necesarias  políticas de gestión, producción y regulación de acceso justo al suelo urbano y rural. Mientras tanto y hasta que los gobiernos puedan acompañar los procesos de crecimiento urbano a partir de su función distributiva (buscando equidad y justicia en el acceso al suelo y la vivienda), es menester avanzar en validar y reconocer los procesos de producción social del hábitat (72% de las y los referentes comunitarios declaran haberse organizado para mejorar su barrio) como ejercicio democrático de los pobladores excluidos de sus derechos y del acceso a los bienes públicos y servicios básicos.

El accionar del municipio representa una medida determinante que criminaliza la situación de pobreza que viven estas cientos de familias.  La discriminación excluye a miles de personas a derechos, oportunidades, servicios y bienes. El Estado debe reconocer la pobreza y la desigualdad como problema principal, brindar contención social y discutir con profundidad para buscar soluciones estructurales.

Actualidad - 08:05 20/09/2018