El 9 de septiembre, el Gobierno argentino nombró a Nicolás Abelardo Dapena Fernández como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El decreto, que oficializaba su designación, fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Menos de un día después, Dapena Fernández renunció a través de un mensaje en su cuenta de LinkedIn, argumentando que no podía asumir el puesto por incompatibilidad con su trabajo como consultor externo. Agradeció la oportunidad y confirmó que continuaría su labor como abogado y especialista en análisis de riesgos.

La abrupta renuncia causó malestar en la Casa Rosada, dado que se trataba de un cargo importante y la incompatibilidad debería haberse verificado antes del nombramiento. La situación se volvió más polémica al revelarse que Dapena Fernández había ocupado cargos en gobiernos anteriores, incluyendo en Aerolíneas Argentinas y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Este episodio se suma a una serie de nombramientos fugaces en el gobierno y deja en evidencia una falta de coordinación interna en la verificación de antecedentes antes de que los funcionarios asuman sus funciones.